El 23 de septiembre de 2016 se cumple el tercer (3er) aniversario de la sentencia de la Corte Constitucional Dominicana TC 168-13, que efectivamente decidió que “los niños nacidos en territorio dominicano de padres extranjeros en tránsito no tienen nacionalidad dominicana”. Dicho fallo elimina la nacionalidad de más de doscientos cincuenta mil (250.000) dominicanos de origen haitiano. El 17 de junio de 2015 marcó la fecha de finalización del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), donde las autoridades de República Dominicana comenzaron a aplicar su política de deportación y repatriación de personas a Haití; hombres, mujeres, niños acompañados y/o no acompañados.
La Sentencia TC 168-13 viola sistemáticamente tanto la Constitución dominicana como todos los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, de los que el Estado dominicano es parte, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Este decreto desnacionaliza, entre otras cosas, a varios miles de dominicanos de origen haitiano y los amenaza con la expulsión forzosa. Sin embargo, este flujo migratorio y apatridia entre Haití y República Dominicana pone de relieve la negligencia con la que ambos Gobiernos gestionan las expulsiones forzosas y los retornos “espontáneos” de decenas de miles de haitianos.
Además, muchos inmigrantes haitianos cruzan la frontera de forma irregular y en pésimas condiciones en busca de un futuro mejor. A veces están expuestos a diversos tipos de problemas relacionados con la violación, el abuso sexual, el trabajo forzoso, la domesticidad, la violencia de género y la pérdida de identidad, etc. Al carecer de nacionalidad, los haitianos no pueden ejercer sus derechos ni acceder a servicios sociales básicos. Además, son arrestados por el ejército dominicano en las calles, luego encarcelados en campos donde las condiciones de detención son infrahumanas y posteriormente llevados a la frontera con el argumento de que no tienen documentos de identidad. Durante este proceso sufren todo tipo de tratos por parte de los militares dominicanos. Las categorías más vulnerables, como los menores, las mujeres y los ancianos, también son objeto de este maltrato. Todos llegan en condiciones inhumanas y degradantes, desposeídos de todos sus bienes e ingresos. Desde junio de 2015 hasta la fecha, aproximadamente 120.000 familias, incluidos 1.641 niños no acompañados, han cruzado la frontera para venir a Haití. Luego de esta deportación masiva, 23,861 personas fueron repatriadas oficialmente a tres (3) zonas fronterizas del país; a saber: Juana Méndez, Malpasse y Belladère según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La Fundación “Zanmi Timoun”, el Colectivo “Defensores Plus” y el Colectivo de Organizaciones de Defensa de los Derechos de los Migrantes Repatriados (CODDEMIR) denuncian, por un lado, las condiciones en las que los haitianos son deportados de la República Dominicana y, por otro lado, esta coalición deplora las situaciones y el trato que sufren nuestros compatriotas provenientes de la República Dominicana. La Coalición desea llamar la atención de la población en general y de las autoridades en particular sobre las violaciones de los derechos de estos nacionales dominicanos mediante la firma del Memorando de Entendimiento sobre mecanismos de repatriación entre Haití y la República Dominicana del 2 de diciembre de 1999.
La Fundación “Zanmi Timoun”, el Colectivo “Defensores Plus” y CODDEMIR, como organizaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos en Haití, lanzan un vibrante llamamiento a las autoridades haitianas a dos días de esta fatídica fecha, para que reanuden el diálogo diplomático iniciado con las autoridades dominicanas con el fin, no sólo de encontrar una solución a la crisis que azota a nuestros compatriotas una situación deshumanizante a los ojos del mundo entero, pero también pedir la anulación de este decreto considerado racista y discriminatorio.
La Coalición de Organizaciones para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos también quiere recordar a las autoridades de ambos pueblos que este es el momento adecuado para asumir sus responsabilidades protegiendo los derechos de haitianos y dominicanos que están condenados a convivir en la isla Hispaniola.